Declaración pública del Movimiento Poder Electoral Constituyente

Santiago,  14 de mayo de 2020

En defensa de la cultura de derechos humanos, rechazamos el relativismo  de Sergio Micco y el negacionismo de Macarena Santelices 

Dentro de las demandas esenciales que la ciudadanía ha expresado desde el fin de la dictadura cívico-militar, y retomado con fuerza desde el estallido social de octubre del año pasado, se encuentra la lucha por el pleno establecimiento de una sociedad democrática y de derechos humanos en nuestro país.

Se trata de un punto clave en la consolidación de la democracia, que exige la tarea continua de todos y cada uno, pero, con mayor énfasis, de los diversos órganos y funciones del Estado; tanto el Ejecutivo, como el Legislativo y Judicial, están obligados por este mandato constitucional y de los diversos instrumentos internacionales suscritos por  Chile en esta materia.

Por eso es preocupante la actitud que ha tomado el Gobierno a través de políticas públicas que favorecen a los privilegiados y perjudican a los más desfavorecidos, o a través de medidas de represión policial y militar en contra de las legítimas demandas sociales, entre otros múltiples ejemplos de incumpliento de sus deberes jurídicos para con los derechos humanos. La actual administración parece empeñada en hacer todo lo posible para ser un actor primordial en la vulneración de los mismos.

Dos hechos acontecidos en las últimas semanas revisten particular preocupación en esta materia: las recientes declaraciones del Director del Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco Aguayo, supeditando el ejercicio y exigibilidad de los derechos humanos al supuesto cumplimiento de algunos deberes, así como la designación de Macarena Santelices, nieta del dictador Augusto Pinochet, como titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Aunque parezcan hechos aislados, ambos tienen un punto en común: relativizar y negar el rol esencial del Estado (especialmente en un país híper presidencialista como el nuestro) en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

En el caso del titular del INDH, se trata de declaraciones lamentables en un triple sentido: porque relativizan este papel esencial del Estado, porque esta relativización es ya una práctica constante por quien está encargado de velar por su cumplimiento, y porque fueron hechas en un diario de circulación nacional identificado con sectores que esgrimen discursos de justificación de las graves violaciones cometidas por la dictadura cívico-militar.

Por su parte la recién asumida Ministra de Estado, en más de una ocasión ha relativizado las violaciones de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura cívico-militar encabezada por su abuelo, bajo el sabido pretexto falaz de que hay que considerar los pretendidos logros económicos de ese período. Junto con ello ha justificado la represión actual.

En ambos casos estamos ante un relativismo y negacionismo de los derechos humanos, al tratarse de una afrenta a la memoria de las víctimas de la dictadura y a la memoria histórica del país; peor aún, cuando se trata de quien encabeza al órgano más importante en derechos humanos del país, o una cartera de gobierno tan sensible como la relacionada con las mujeres y equidad de género, tareas que requieren el más alto estándar de compromiso con las exigencias de los tratados internacionales de derechos humanos: tanto la Ley que crea el INDH, como el Reglamento Orgánico del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, obligan a sus funcionarios y titulares al más pleno respeto, promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, especialmente en momentos tan convulsos socialmente como los que vive el país.

Como Movimiento Poder Electoral Constituyente, sostenemos que la defensa actual de los derechos humanos requiere que el país reconozca y condene las violaciones sistemáticas del pasado organizadas desde el Estado,. Exigimos que se garantice el ejercicio pleno de dichos derechos por parte de todas las instituciones del Estado, lo que pasa por exigir a todas las autoridades un actuación ajustada plenamente a la cultura de respeto de la democracia y los derechos humanos.

Directiva Movimiento Poder Electoral Constituyente